Rifles contra la piratería

El Ministerio del Interior ha autorizado que vigilantes privados de seguridad puedan viajar en pesqueros españoles para protegerlos frente a ataques de piratas somalíes o de otras nacionalidades. Parte de la flota exigía que fuese la Armada la que prestase ese servicio, pero Defensa se ha negado en rotundo no sólo por el alto coste que esa operación supondría (45 millones de euros al año), sino porque considera problemático involucrar a militares en la seguridad de bienes privados.

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