El vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (PP), sopesó en junio de 2008 la creación de un servicio secreto legal al servicio de la Comunidad de Madrid. En realidad, más allá del deseo de poseer un servicio de información o inteligencia como pudieran tener Euskadi y Cataluña para combatir amenazas terroristas o delictivas, se trataba de neutralizar un temor: la creciente sensación de que altos cargos de la Comunidad de Madrid estaban siendo espiados desde dentro de la institución para intentar campañas de desprestigio mediante dossiers. El propio González se sentía víctima especial de ataques a su intimidad y a su imagen. Aún hoy siente la misma sensación, a tenor del contenido de su denuncia, donde alude a la cercanía de los cómplices que hicieron posible el espionaje sufrido durante su viaje a Cartagena de Indias en agosto de 2008 y en su viaje a Johanesburgo en marzo de 2008.
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