El juez impuso ayer a los hermanos arquitectos Luis y Jaime García-Ruiz, ambos imputados por supuesta malversación de caudales públicos por el escándalo del velódromo Palma Arena, una fianza de responsabilidad civil de 1,2 millones de euros, cantidad destinada a cubrir los daños y perjuicios que pudiera haber causado el supuesto delito cometido.
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